La exparlamentaria aprista Luciana León ha sido absuelta de la orden de restricción de salida del país, que se le había impuesto mientras estaba bajo investigación del poder Judicial por su posible vinculación con la organización criminal “Los Intocables Ediles de La Victoria”. Esta decisión fue tomada por el magistrado Juan Carlos Checkley, quien determinó que el plazo de impedimento había excedido el límite estipulado, que vencía el 30 de enero de 2023. Con el levantamiento de esta medida, se ordenó la devolución de su pasaporte diplomático y el pasaporte de la República del Perú.
El dictamen ha sido notificado a la división de la policía judicial y a la oficina general de administración y finanzas, para que la Superintendencia Nacional de Migraciones lleve a cabo los procedimientos documentarios correspondientes y actualice su estatus migratorio.
Implicación criminal
Luciana León, quien ocupó un cargo en el Congreso de la República durante el período investigado, fue vinculada con la banda criminal “Los Intocables Ediles de La Victoria”, una organización conocida por su actividad ilícita en el cobro de cupos a comerciantes ambulantes en el distrito limeño de La Victoria. Esta banda estaría liderada por el exalcalde Elías Cuba. Las investigaciones sugieren que León habría participado en la gestión y agilización de obras y servicios públicos en La Victoria, con el objetivo de obtener ingresos ilícitos que oscilarían entre 15,000 y 30,000 soles mensuales durante los años 2017 y 2018.
En un giro reciente, la Procuraduría General del Estado (PGE) ha solicitado que León pague una reparación civil de S/1.8 millones al Estado peruano. Este monto se basa en las acusaciones de que León desempeñó un papel como el presunto brazo político de la organización criminal, facilitando financiamiento para obras públicas en la municipalidad de La Victoria en 2017. La fiscalía sostiene que León habría cooperado con Alexander Peña Quispe, supuesto líder de “Los Intocables Ediles”, quien habría solicitado apoyo a León a cambio de favorecer a su hermano, Rómulo León Romero, en una contratación pública.
La excongresista sigue enfrentando una investigación bajo un régimen de comparecencia con restricciones. Está acusada de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo propio y peculado doloso en un proceso penal impulsado por el Ministerio Público en defensa del Estado. Se espera que los próximos pasos del proceso judicial incluyan audiencias adicionales para determinar la extensión de su responsabilidad en el caso.
Además, se han revelado detalles sobre el presunto modus operandi de “Los Intocables Ediles”, que incluía el uso de contactos políticos para asegurar favores en la municipalidad de La Victoria, un área crítica para el control de actividades ilícitas en el distrito.
Redacción: Lucero Dulanto Guevara
