A un mes de recibir la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia, y a pocas horas de cumplirse el plazo para emitir las observaciones sobre la misma, el primer ministro Gustavo Adrianzén declaró a la prensa que ya había sido devuelta nuevamente al Congreso de la República con las observaciones correspondientes. Sin embargo, no dio ningún detalle acerca de dichas observaciones aclarando que se harían públicas en breves momentos.
De esta manera queda en manos del Legislativo considerar o no las observaciones hechas por el Ejecutivo. Y sería la Comisión de Justicia liderada por Isaac Mita, responsable de dicha norma, la encargada de convocar a una sesión extraordinaria para evitar más demoras en la restitución de la figura de detención preliminar. Ello debido a que el parlamento se encuentra en receso hasta marzo del presente año.
¿Qué opinan los especialistas?
Al respecto constitucionalistas como Omar Cairo y Luciano López aseguraron a un medio local que debido al procedimiento congresal se dilataría la restitución de la norma. Además, Luciano López señaló que dicha observación es inaceptable porque lo que se está haciendo es restituir la vigencia de una norma derogada. Cairo, aseguró, que al observarla están retrasando el desarrollo de las investigaciones que tienen abiertas.
Cabe señalar, que esta ley que fue modificada por el Congreso a fines del 2024, producto de ello solo se puede detener de forma preliminar siempre que el delincuente sea atrapado en preciso momento de realizado el acto ilegal. Es decir, luego de 24 horas de cometido un acto delincuencial ni el ministerio público ni la Policía Nacional del Perú pueden solicitar la detención preliminar, beneficiando de esta manera al crimen organizado, y allanando el camino a las organizaciones criminales. Un hecho que provocó la crítica y rechazo de la población, autoridades, empresarios y especialistas.
Ante esa situación el Legislativo decidió dar marcha atrás y hace un mes aprobó su restitución y dadas las observaciones del Ejecutivo, le tocaría al Congreso acatarlas o no. Un procedimiento que de por si dilata aún más el uso de este recurso que podría contribuir a la lucha contra la delincuencia y la criminalidad.
Redacción: Otilia Barreto
