El informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la vulneración a la dignidad en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, señala que la justicia habría utilizado la excusa del terrorismo para investigar a los protestantes.
En el punto 253 del documento, se solicita que «las políticas contra el terrorismo o crimen organizado no deben legislarse de modo tal que restrinjan los derechos humanos y generen un efecto inhibitorio generalizado para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión y derechos políticos».
La abogada Gloria Cano indicó que hay un uso excesivo de la prisión preventiva “pese a no cumplir con los requisitos que se establecen para una”. Un claro ejemplo es el de la profesora Yaneth Navarro de 36 años, quien fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez a finales de enero del 2023. En ese momento, la dirigente apurimeña tenía S/1.800 y un cuaderno en el que apuntaba, como delegada de la comitiva, los nombres de los viajeros que llegaron a la capital para expresar su descontento con el gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola.
Así mismo, para Carlos Rivera, «hay una decisión institucional de aparentar que el tema del terrorismo es el principal problema del Perú». Incluso, el gobierno le «advirtió» a la CIDH, sin pruebas, que en las protestas hubo grupos «al margen de la ley», remarcó.
Cabe recordar que el Ministerio Público desmanteló cinco dependencias de Derechos Humanos a nivel nacional por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Por otro lado, crearon siete Fiscalías Superiores Nacionales para delitos de terrorismo e ilícitos conexos en Lima, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín y Pichari-Cusco.
Redacción: Alejandro Llerena Sánchez
