Fiscalía abrió investigación contra mujeres que agredieron a Dina Boluarte en Ayacucho

Luego de la agresión hacia la mandataria en su visita a Ayacucho, las dos mujeres presentaron una carta de apersonamiento ante la autoridad fiscal.

La investigación se daría por motivo de presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones / (Composición: RSR / Josué García)

Durante su visita a Ayacucho el último 20 de enero, la presidenta Dina Boluarte fue agredida por dos mujeres que burlaron al cuerpo de seguridad; una de ellas, identificada como Ruth Bárcena Loayza, quien llegó a forcejear la blusa de la mandataria y  Hilaria Ayme Gutiérrez quien jaló de los cabellos a la jefa de Estado.

Ambas mujeres resultaron ser familiares de dos hombres que murieron en el marco de las protestas contra la presidenta a inicios de su Gobierno. Tras dos días de ocurrido el incidente, presentaron escritos de apersonamiento ante el Ministerio Público luego de que el organismo confirmase una investigación preliminar contra ellas por la agresión registrada.

Bárcena Loayza es viuda de Leonardo Hancco Chacca, quien falleció el 15 de diciembre del 2022 por un disparo en el abdomen durante el intento de la toma del aeropuerto de Ayacucho. Hilaria Ayme Gutiérrez, la segunda mujer en el video, es madre de Christopher Ramos Ayme, un joven de 15 años quien también fue asesinado mientras regresaba de trabajar como limpiador del cementerio de Ayacucho. 

Las dos mujeres habían increpado a la presidenta por su presencia en la ciudad de Huamanga y exigieron justicia por estas pérdidas; este sentimiento llevó finalmente a que agredieran a Boluarte Zegarra quien se encontraba lanzando caramelos a los ciudadanos que se encontraban a su alrededor junto al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

En ese sentido, se sugería la probabilidad de que se inicie la denuncia de acuerdo al artículo 122 del Código Penal, por lesiones leves, que establece “la pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años”. Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto por el fiscal Brechman Muñoz Lapa, la investigación preliminar se daría por motivo de presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, (Artículo 366 del Código Penal) cuya pena sería de ocho a doce años de cárcel por el agravante de tratarse de una autoridad elegida por mandato popular.