La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a la fiscal de la Nación Patricia Benavides y a su familia. Mediante una resolución emitida ayer, el organismo internacional considera que la titular del Ministerio Público y sus familiares se encuentran en una situación de gravedad, teniendo en cuenta que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un grave riesgo en el Perú».
La CIDH considera que las acciones que realiza la representante del Ministerio Público en el contexto actual que viene atravesando el país » son notorias, visibles y de alto interés público para diversos sectores de la sociedad».
Por otro lado, el organismo internacional dijo reconocer y valorar la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Liz Patricia Benavides Vargas y su núcleo familiar por parte del equipo de personas que integran su seguridad. No obstante, recalcó que, dada la situación planteada, se estima que esta «no sería suficiente, y su incremento habría sido denegado”.
Entre los argumentos presentados por Patricia Benavides se evidencia que tanto el expresidente Pedro Castillo y el ex presidente del consejo de ministro, Anibal Torres, hicieron pronunciamientos en contra del Ministerio Público y en su contra, «cuestionando el otorgamiento del presupuesto institucional».
Además, señala que “existe una campaña pública impulsada por sectores sociales y políticos que buscan desprestigiarla a través de desinformar sobre las decisiones de gestión de la Fiscal de la Nación. Esto con el fin de vincularla a un sector político del país tildándola de“golpista”.
Por otro lado, la fiscal cuenta que recibió un mensaje a su correo institucional de un hombre identificado como la persona que “está incitando al desorden social en el país acusa a la fiscal de causarle daño”. Además, señala que Pedro Castillo estaría “responsabilizando a la Fiscalía de lo que ocurre en el país solicitando nuevas elecciones y desconociendo a la nueva presidenta”.
Por su parte, la CIDH pide que se tomen “las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas identificadas como beneficiarias” como el caso de Benavides Vargas.
