El Gobernador Regional de La Libertad, César Acuña Peralta, aprobó la entrega de más de 74,000 soles a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público dirigida por Juan Fernández Jerí, quien ha enfrentado críticas desde que asumió el cargo, ya que sería uno de los operadores de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En el documento, Acuña Peralta señaló que esta acción responde a la petición de la Contraloría con el objetivo de llevar a cabo «el Control Gubernamental pertinente para un proyecto de inversión».
El proyecto de inversión, conforme al decreto que lo respalda, se centra en el mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego de los sectores El Tambo y El Molino, de la localidad de Guadalupe, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo- La Libertad.
Cabe precisar que, Fernández asumió el cargo a pesar de enfrentar graves cuestionamientos, como la acusación de actuar como intermediario por el exfiscal de la Nación José Peláez Bardales para influir en el caso del asesinato del vicepresidente del Gobierno de Amazonas, recibiendo 80,000 soles. Además, ha sido abogado de un juez en esa región investigado por un caso similar al escándalo de «Cuellos Blancos».
Como se recuerda, en octubre de 2023, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe respecto al nombramiento de Juan Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Este documento ocasionó inquietudes sobre las credenciales declaradas por el funcionario para acceder a su puesto.
Conforme al expediente presentado, al menos dos profesores remitieron comunicaciones a la Contraloría, indicando que no fueron responsables de algunos módulos mencionados por Juan Fernández Jerí en sus diplomas de capacitaciones virtuales, los cuales supuestamente cursó en el Centro de Formación y Capacitación del Colegio de Abogados de Piura.
Percy Muñoz Jaime, uno de los implicados, admitió haber desempeñado el papel de docente en el Diplomado Especializado en Administración y Gestión Pública. Sin embargo, negó haber dirigido los cuatro módulos que se le atribuyen, indicando que su participación se limitó a uno solo.
En una situación similar, Jorge Luis Mayor Sánchez, docente en el Diplomado Especializado en Derecho Parlamentario, Municipal, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador, rechazó haber impartido los dos módulos que presuntamente se le asignaron, contradiciendo así la información proporcionada en los documentos.
Redacción: Viyú Castillo
