La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, el informe final que recomienda archivar las denuncias constitucionales 362 y 464 —acumuladas— contra la congresista Katy Ugarte Mamani (JP/VP/BM). Las acusaciones la señalaban como presunta autora del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, y de infracciones a los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución, en agravio del Estado; la decisión de archivar el expediente cierra por ahora la vía parlamentaria para estas imputaciones.
El resultado pone en evidencia la división política en el Congreso y reaviva el debate sobre la eficacia de los mecanismos de control y la percepción de impunidad en la esfera pública. Mientras la bancada de la legisladora celebró la resolución como un respaldo institucional, sectores que promovieron las denuncias han advertido que evaluarán recursos o acciones en otras instancias, por lo que el cierre del caso en la Comisión Permanente podría ser solo una etapa más en un proceso con implicancias políticas y judiciales.
