Luego de la promulgación de la ley 32330 por la presidenta Dina Boluarte, el último sábado, y de su publicación en el diario el Peruano, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo difundieron por sus redes el rechazo a esta norma que modifica la regulación Penal en adolescentes para que a partir de los 16 años sean procesados penalmente como adultos. Las entidades del sistema de justicia coincidieron en que la norma es inconstitucional y contraria a los tratados internacionales relacionados a la protección de los menores de edad
Poder Judicial y Fiscalía se pronuncian en contra
Es así, que el Poder Judicial señala que esta ley representa un retroceso en la protección de niños y adolescentes, sobre todo en referencia a su posibilidad de rehabilitación y reintegración social. En esta línea vulnera el artículo 4 de la carta magna, que establece que es deber del Estado brindar protección especial a este grupo etario.
Además, aclaró que según la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución es una obligación el interpretar los derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales. De esta misma manera, advierte que los jueces están facultados a ejercer el “control difuso”, una herramienta usada cuando los magistrados consideran inaplicable una ley en casos concretos, donde se vulnere la constitución y tratados internacionales.
La Fiscalía se pronunció de la misma forma, e hizo hincapié en que en el Perú ya se cuenta con sistema especializado para menores de edad que infrinjan las normas priorizando la rehabilitación a través de medidas socioeducativas severas, entre ellas 10 años de internamiento, reconociendo su etapa de formación.
La Defensoría presentará una demanda constitucional contra Ley 323330
Por su parte la Defensoría anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad de dicha norma ante el Tribunal Constitucional, indicando que el pasado 5 de mayo habrían elevado un oficio al gobierno, solicitando la observación de la Ley.
Cabe señalar que todas estas instituciones del estado coinciden en que urge la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para garantizar un tratamiento adecuado y efectivo para los menores de edad que han infringido el código penal a fin de reintegrarlos a su entorno familiar y a la sociedad.
En necesario resaltar esta norma también ha sido cuestionada por el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, y diversos organismos internacionales, entre ellos el Comité de los Derechos del Niño de la ONU y UNICEF, que advierten que juzgar a menores como adultos vulnera sus derechos fundamentales.
Redacción: Otilia Barreto
