Violencia y denuncias de votos golondrinos en Loreto y Áncash empañan las elecciones regionales y municipales 2026: queman ánforas, hay enfrentamientos, retienen a autoridades y exigen nulidad del proceso en varios distritos.
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú se vieron empañadas por graves incidentes de violencia y denuncias de irregularidades en varias regiones. En Loreto y Áncash, pobladores protagonizaron enfrentamientos, quema de material electoral y retención de autoridades, evidenciando la profunda tensión que marcó la jornada cívica y la desconfianza en los organismos electorales.
En el distrito de Santa Cruz, provincia de Alto Amazonas (Loreto), una turba incendió ánforas, cédulas y listas tras acusar la presunta llegada de votantes golondrinos desde Yurimaguas, que habrían favorecido a un candidato de Perú Libre. Los enfrentamientos derivaron en disparos al anochecer, dejando personas heridas y a representantes de la ONPE, el JNE y personeros retenidos en viviendas locales.
En Chavín de Huántar, provincia de Huari (Áncash), decenas de residentes enfrentaron a grupos señalados como votantes foráneos en los exteriores del colegio Carlos Alberto Izaguirre. La gresca campal obligó a la Policía Nacional a desplegarse para evitar el colapso del proceso electoral, mientras los electores exigían explicaciones y monitoreaban los ingresos a las mesas de sufragio.
El denominado «voto golondrino» consiste en la modificación fraudulenta de la dirección domiciliaria en el DNI hacia una jurisdicción distinta a la residencia habitual, con el fin de influir indebidamente en los resultados. Esta práctica impacta especialmente en localidades de baja densidad poblacional, donde pocos votos definen la elección, y la legislación peruana la sanciona con penas de dos a ocho años de prisión.
Los hechos en Loreto y Áncash reflejan la gravedad de la conflictividad electoral en Perú, donde ya se reportaron más de 100 hechos de violencia a nivel nacional. Dirigentes locales exigieron la nulidad de los comicios en varios distritos, mientras la ONPE y el JNE evaluaban la validez del proceso en las zonas afectadas por la quema de material y las denuncias de manipulación de padrones.
