La representante del TC añade que se sigue debatiendo sobre investigar a Dina Boluarte. / Composición SRRTV, Lisset Paquiyauri

La titular del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco señaló que se espera una decisión en junio sobre la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de las investigaciones abiertas contra la mandataria Dina Boluarte.

Pacheco Zerga indicó que este pronunciamiento será importante para delimitar competencias entre los poderes del Estado y permitirá al TC avanzar con otros procesos pendientes, como un hábeas corpus presentado por el expresidente Pedro Castillo.

Poco personal en TC

La demora en la resolución de casos en el TC se debe a la escasez de personal. Cada vez que llega una demanda o un recurso de agravio constitucional, se asigna a una comisión de amparo, hábeas corpus o proceso orgánico, de lo cual una tiene más de 1000 expedientes a su cargo, con solo tres personas.

Ante esta situación, informó que el TC ha solicitado un presupuesto adicional para contratar más personal para reducir la carga procesal que  supera los 7 000 expedientes.

La solicitud del gobierno de Dina Boluarte busca establecer los límites de las investigaciones contra la presidenta de la República respecto a la aplicación del artículo 117 de la Constitución.

Durante la sesión, también participaron representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, quienes sostuvieron una postura distinta. Los fiscales y jueces argumentaron que se puede investigar a la presidenta de la República como a cualquier otro ciudadano, pero no se le pueden formular acusaciones penales mientras dure su mandato.

Pacheco explicó que el proceso todavía no está en agenda para votación, pues los magistrados están intercambiando opiniones con el objetivo de llegar a una sentencia consolidada. El debate se centra en dos principios fundamentales como el respeto a la investidura presidencial y la lucha contra la impunidad.

Las instituciones demandadas insistieron en que el Estado debe investigar para asegurar la justicia y la equidad en el ejercicio del poder, y no como un ataque a la función presidencial.

Redacción: Lisset Paquiyauri