Tras la aprobación de la sala penal permanente de la corte suprema de la decisión emitida por el juez Juan Carlos Checkley de rechazar una recusación presentada por César Hinostroza, involucrado en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, con la finalidad de apartar a dicho magistrado de los procesos penales en su contra debido a una presunta falta de imparcialidad.
El exmagistrado argumentó en su recusación que el juez Checkley había desestimado la mayoría de sus recursos presentados contra supuestas acciones arbitrarias de la Primera Fiscalía Suprema, lo que, según Hinostroza, afectaba la objetividad del juez.
Además, mencionó que el portal de la ONG IDL-Reporteros había informado que Checkley estaba siendo investigado por cohecho pasivo específico, al presuntamente pertenecer a la organización criminal ‘Los ilegales de Piura’.
Sin embargo, la sala penal permanente de la corte suprema consideró que la desestimación de los recursos no demostraba falta de imparcialidad, especialmente porque muchas de estas decisiones habían sido confirmadas por la misma sala.
El tribunal, presidido por el juez supremo César San Martín, calificó de infundadas las afirmaciones sobre presiones indebidas de una ONG y enfatizó que estas no justificaban la recusación del magistrado. Además, la sala señaló que la recusación no fue presentada dentro del plazo establecido, por lo que no debía ser admitida.
El 22 de junio, se informó que el juez supremo había iniciado los trámites para solicitar la extradición de César Hinostroza desde Bélgica, donde se encuentra prófugo desde el 7 de octubre de 2018.
Según el Ministerio Público, Hinostroza lideraba la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, cuyo objetivo era cometer delitos y designar a «magistrados amigos» para obtener beneficios económicos y prebendas. La Fiscalía sostiene que esta red criminal estaba compuesta por jueces, empresarios y funcionarios judiciales, quienes vendían sentencias y favores.
La ratificación del juez Checkley en el caso contra Hinostroza subraya la necesidad de mantener la integridad y objetividad en el sistema judicial, garantizando que las decisiones se basen en evidencias y no en especulaciones o presiones externas. Esto es crucial para la lucha contra la corrupción y la búsqueda de justicia en casos de gran relevancia pública.
Redacción: Diego Chirinos
