A pesar de que los magistrados Primera Sala Constitucional de Lima aceptaron que proyecto minero Ariana implica una sería amenaza para el acceso al agua potable a más de 11 millones de ciudadanos en Lima y Callao; postergaron hasta el 7 de marzo próximo definir la suspensión o anulación de sus actividades. Este desacuerdo deviene por dos puntos claves uno de ellos sería sobre el fin de las resoluciones que aprobaron el proyecto y el otro sobre el tipo de estudio técnico debe realizarse para evaluar su impacto.

Por un lado, los jueces superiores Tapia Gonzáles y Ordóñez Alcántara votaron para declarar nulas las resoluciones del Ministerio de Energía y Minas que autorizaron el proyecto. Asimismo, insistieron en la necesidad de realizar un estudio técnico independiente e internacional para evaluar los riesgos del proyecto en un plazo de 30 días

Por otro lado, el magistrado Romero Roca votó a favor de mantener la validez dichas resoluciones y propuso suspender únicamente el inicio de las operaciones. En esa línea ordenó a Southern Peaks Mining (SPM), empresa responsable del proyecto, que realice un estudio de impacto ambiental complementario en un plazo máximo de 12 meses, que incluya la participación de la entidades públicas y privadas señaladas en dicha ponencia. 

Es necesario señalar que el sistema hídrico afectado incluye 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que alimentan el túnel trasandino Cuevas-Milloc, y las aguas que van desde la cuenca del Mantaro hacia la cuenca del río Rímac, que representa el 62% del agua que abastece a Lima y Callao durante las temporadas de sequía. En esa línea, Elizabeth Zamalloa, ingeniera geoambiental y técnica de la parte demandante, explicó que el mineral se encontraría a más de 500 metros bajo la superficie y debido a que la zona está saturada de agua por la calidad de la roca, sería necesario extraerla y desecar la zona, lo que disminuiría la cantidad de agua que capta Sedapal. 

Antecedentes en torno al proceso de suspensión del proyecto minero 

Cabe recordar que el 2016, este proyecto fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, pese a la oposición de Sedapal, que alertó desde el 2014 el riesgo que podría correr el sistema hídrico de Marcapomacocha. El 2019, los ciudadanos de Lima presentaron una demanda de amparo constitucional pidiendo la nulidad de dicho proyecto, a la que se unió Sedapal el 2021. 

El 2023, se ordenó la suspensión del proyecto y nuevos estudios técnicos; una decisión que fue apelada por el MINEM y la empresa mencionada. Finalmente, dado a que se ha llegado a un consenso de que el proyecto es una amenaza, ¿no sería dable anular las resoluciones que lo autorizaron y proteger el sistema hídrico de Marcapomacocha? 10 millones de personas esperan una respuesta. 

Redacción: Otilia Barreto