Patricia Benavides ha decidido reorganizar las fiscalías especializadas en derechos humanos después de que la magistrada las desmantelara. La reestructuración realizada por la fiscal de la Nación ha generado suspicacia, ya que, durante las protestas registradas en el sur del país, Benavides disminuyó este subsistema a la mitad lo que provocó que las fiscalías supraprovinciales del sur andino sean desactivadas.
Ante el cuestionable procedimiento, la titular del Ministerio Público decidió crear nuevas fiscalías en zonas donde las protestas y los abusos de autoridad por las fuerzas del orden eran mínimas como La Libertad, Ucayali y Madre de Dios.
Por otro lado, Benavides Venegas designó a Marena Mendoza como nueva coordinadora nacional del sistema. En consecuencia, Luis Valdivia Calderón ya no ejercerá más el cargo, pese a que se encontraba investigando los abusos cometidos por el ejército y la policía en las regiones de Andahuaylas, Ayacucho y Puno.
Además, el pasado 24 de febrero la Fiscalía Provincial de Derechos Humanos de La Libertad se trasladó a Puno por orden del antiguo coordinador nacional, Luis Valdivia Calderón, porque se necesitaba explicar cómo ocurrieron las muertes en la zona del Altiplano.
Con el nombramiento de Marena Mendoza se ha suspendido el servicio de peritaje del Ministerio Público por medio de un decreto publicado el 27 de febrero. Pero, el cambio más resaltante es que actualmente los fiscales provinciales deben encauzar sus pedidos a los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y Coordinadores Nacionales de los sistemas especializados lo que significa que todo peritaje balístico será revisado y autorizado por la oficina de la coordinadora nacional.
