A una semana de haber asumido el cargo de presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), está envuelto en una controversia por los rumores de su posible censura.
El último escándalo que surgió se debe a la ley que él mismo impulsó para librarse de una condena de casi 9 años de prisión por el presunto delito de estafa agravada y falsedad genérica. La ley, aprobada el 25 de mayo, modifica el código penal y recorta a un año el periodo de suspensión de prescripción de procesos judiciales.
Ambas denuncias fueron interpuestas por la empresa cusqueña de transportes turísticos, Waynapicchu, quien alegó que había pagado el monto de 20 mil soles al ahora titular del Congreso para la realización de los estatutos de la compañía. Sin embargo, la empresa afirma que Soto nunca realizó los estatutos y se quedó con el dinero.
Asimismo, la segunda denuncia se debería cuando Alejandro Soto era asesor legal de la compañía, el 24 de diciembre de 2012, habría cedido un terreno a la firma de transportes por el monto de 250 mil dólares. No obstante, la compañía de transportes denunció que el terreno habría sido adquirido por el parlamentario a inicios del mismo año por 5 mil dólares, es decir, cincuenta veces menos a su valor de venta.
Otro escándalo que compromete al presidente del Parlamento es el reporte de la Fiscalía de la Nación que lo vincula con 55 denuncias o investigaciones pendientes. Entre ellas se suma la presunta contratación de Yeshira Peralta Salas, cuñada del parlamentario, como secretaria de su despacho en noviembre de 2021.
Ante esto, Alejandro Soto negó que haya contratado a la hermana de su pareja, con quien negó tener una relación pese a que ambos tienen un hijo de 11 meses. Soto Reyes se defendió diciendo que Yeshira Peralta no era su cuñada porque con su hermana solo tuvo una «relación fugaz» y que actualmente solo tienen una «relación de padres».
Ante esos cuestionamientos contra el actual presidente de la Mesa Directiva, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, señaló que no sería responsable ni posible hablar tan pronto de una censura contra Alejandro Soto.
Asimismo, el vocero de Cambio Democrático-JPP, Edgar Reymundo manifestó que habría que evaluar el caso para actuar con objetividad, transparencia y paciencia antes de tomar una decisión como bancada. Por otra parte, Eduardo Salhuana (APP) manifestó que solicitó al Ministerio Público un reporte oficial de las denuncias contra su colega de bancada.
Respecto a esto, el legislador de Alianza para el Progreso afirmó que no está aferrado al cargo y que está dispuesto a «dar un paso al costado» si es que se presenta una «justificación válida».
Redacción: Patrick Romero
