El Ejecutivo propone reducir la planilla estatal mediante incentivos para trabajadores que renuncien voluntariamente. El plan contempla hasta 10.000 salidas y una compensación de una remuneración y media por año de servicio, con un máximo de 12 remuneraciones.
El Gobierno de Keiko Fujimori plantea reducir la planilla estatal mediante un mecanismo de retiro voluntario con incentivos económicos. La propuesta, incluida en el pedido de facultades legislativas presentado al Congreso, busca reorganizar las entidades públicas y ordenar sus recursos humanos.
La iniciativa forma parte de una reforma orientada a modernizar el Estado, reorganizar plazas y fortalecer la meritocracia. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es identificar los puestos necesarios y atender la coexistencia de distintos regímenes laborales dentro de una misma entidad.
El planteamiento también busca ordenar la estructura del empleo público y reducir la duplicidad de funciones. La iniciativa se presenta como parte de una reorganización más amplia, cuyo desarrollo dependerá de las facultades que finalmente apruebe el Parlamento.
¿Cómo funcionaría el incentivo?
El proyecto propone que los servidores que decidan dejar voluntariamente el Estado reciban un incentivo calculado sobre la base de una remuneración y media por cada año completo de servicio. El beneficio tendría un límite máximo de 12 remuneraciones.
Por ejemplo, un trabajador que percibe S/4.000 mensuales y cuenta con 5 años completos de servicio podría recibir S/30.000. En el caso de una persona con 10 años de servicio, el cálculo superaría el límite establecido, por lo que el incentivo máximo sería equivalente a S/48.000.
La propuesta alcanzaría a servidores bajo el régimen CAS a plazo indeterminado, trabajadores nombrados del Decreto Legislativo 276 y empleados del régimen 728 a plazo indeterminado. El documento presentado al Congreso, sin embargo, todavía no establece el procedimiento para solicitar el beneficio ni precisa cuándo se efectuarían los pagos.
¿Cuál sería el impacto fiscal?
El Ejecutivo contempla escenarios de entre 2.500 y 10.000 servidores que podrían acogerse al mecanismo. Para el escenario de menor alcance, el costo estimado de los incentivos llega a S/220,1 millones, mientras que el ahorro acumulado en tres años alcanzaría S/291,9 millones.
Si el programa llega a 10.000 renuncias, el costo subiría a S/886,9 millones y el ahorro acumulado en tres años llegaría a S/1.180,4 millones. Estas cifras muestran que el Gobierno espera recuperar progresivamente el gasto inicial mediante una menor carga de planilla.
Sin despidos, según la propuesta
El proyecto señala que la salida será voluntaria y que las facultades solicitadas no permitirán disponer el despido o destitución de trabajadores con estabilidad laboral. No obstante, especialistas han advertido que será necesario garantizar que la decisión sea realmente libre y no producto de presiones.
La propuesta aún debe ser evaluada por el Congreso dentro del pedido de facultades legislativas. De aprobarse la delegación, los detalles sobre el mecanismo, requisitos y aplicación tendrían que desarrollarse posteriormente mediante las normas correspondientes.
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