En un contexto electoral marcado por la incertidumbre, se ha revelado que personas prófugas de la justicia por delitos como homicidio, violación sexual, narcotráfico y otros crímenes graves figuran como afiliados a partidos políticos en proceso de inscripción para las elecciones generales de 2026. La ciudadanía y las autoridades electorales están alarmadas, ya que temen que la justicia no capture a estos individuos antes de que se postulen a cargos públicos.
La ONPE identificó que personas con antecedentes penales, aún no detenidas, se han afiliado a partidos políticos durante el proceso de inscripción de nuevos miembros. Aunque la ONPE no tiene la facultad para verificar antecedentes penales, ha instado a las autoridades competentes a tomar las medidas necesarias para garantizar que solo personas con antecedentes limpios puedan postularse a cargos públicos.
Diversos sectores han criticado al Congreso de la República por no aprobar una ley que impida la participación electoral de personas condenadas por delitos graves. Expertos en derecho constitucional han señalado que esta omisión representa una oportunidad perdida para fortalecer la democracia y garantizar que los candidatos sean personas íntegras.
En este sentido, organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a la ciudadanía para que esté alerta y denuncie cualquier irregularidad en el proceso electoral. Asimismo, han solicitado a las autoridades judiciales y electorales que implementen mecanismos más efectivos para verificar los antecedentes de los afiliados a los partidos políticos y evitar que personas con antecedentes penales puedan participar en las elecciones de 2026.
Redacción: Joselyn Panduro
