El gobierno declaró en emergencia al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Sistema Nacional Penitenciario por un periodo de 24 meses. Los motivos que llevaron al poder ejecutivo a tomar esta decisión son la sobrepoblación de los penales en nuestro país y su precaria infraestructura.
Esta medida se hizo oficial a través del decreto supremo N° 014-2024-JUS, publicado este martes en el diario oficial El Peruano, el cual fue firmado por la presidenta de la república Dina Boluarte, el presidente del consejo de ministros Gustavo Adrianzén y el ministro de justicia Eduardo Arana.
El sistema nacional penitenciario alberga una población de 98 127 internos privados de su libertad, pese a que los 69 penales existentes en el Perú tienen una capacidad para solo 41 556 reclusos; lo que representa una sobrepoblación del 136%. Esta crítica situación se ve agravada por la pobre infraestructura de los establecimientos de reclusión, que no ofrecen condiciones adecuadas para su funcionamiento.
La creación de este decreto obedece a las múltiples peticiones que hicieron algunas instituciones para mejorar las condiciones del sistema penitenciario. Como una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2014, en la que se exhortó al Ministerio de Justicia a mejorar la calidad del sistema carcelario peruano; o el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que reconoció la importancia de implementar está medida.
Redacción: Ricardo Colos
