El viernes 2 de agosto la Cancillería y el ministerio de justicia y derechos humanos en representación del ejecutivo, emitieron un comunicado en rechazo al mensaje difundido por Gina Romero, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien aseveró que el gobierno incumplió recomendaciones para asegurar protestas pacíficas.
El último 30 de julio se difundió en redes sociales un informe escrito por la redactora de la ONU, en donde señaló que el Estado incumplió con las sugerencias brindadas de la entidad internacional para garantizar la seguridad en las protestas contra la mandataria Dina Boluarte, realizadas entre el 27, 28 y 29 de julio del presente año.
Consecuentemente, las carteras de Justicia y Relaciones Exteriores en conjunto exhibieron un comunicado en el que expresaron su rechazo y desacuerdo con las afirmaciones de la publicación. Asimismo, señalaron que no reflejaron los avances expuestos en las reuniones y documentos remitidos y añadieron que durante la visita del equipo de la ONU facilitaron las reuniones con funcionarios nacionales.
Implementación de sanciones
De igual manera, sostuvieron que desde la presidencia del Consejo de Ministros vienen implementando dos lineamientos con respecto a las manifestaciones sociales contra el mandato de Dina Boluarte, por los fallecidos a finales del 2022 y principios del 2023.
En ese sentido, el comunicado precisa que la mandataria ya pidió las disculpas del caso en su primer mensaje a la Nación en el 2023, por lo que remarcaron que no lo subrayan en el informe internacional.
Adicionalmente, puntualizan que las afirmaciones de la escritora de la ONU han sido fuera de contexto y alejadas de la realidad sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Redacción: Carlos Prado
