La Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días en seguridad y El Niño, pero dejó fuera reformas clave sobre feriados, tasas de interés, tributación, empleo y sistema financiero.
La Cámara de Diputados aprobó delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario para legislar exclusivamente en materias de seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño. La votación de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD registró 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones en el Pleno. La aprobación de la medida se concretó luego de que una reconsideración revirtiera el rechazo inicial registrado en el Parlamento.
El dictamen aprobado reúne 20 ítems y será remitido al Senado para continuar su trámite correspondiente. La propuesta aprobada representa un recorte significativo respecto al pedido original presentado por el Poder Ejecutivo, el cual contemplaba un total de 66 medidas distribuidas en 8 materias. La negociación política parlamentaria derivó en una fórmula limitada que mantuvo el enfoque prioritario en emergencias naturales y combate a la delincuencia.
A pesar de la reducción del texto original, el dictamen conservó herramientas vinculadas con la atención del fenómeno El Niño que poseen impacto económico. Entre las medidas aprobadas destaca el certificado de cosecha electrónico para facilitar el acceso de productores agrarios a créditos y seguros. Asimismo, el documento contempla la ampliación de Obras por Impuestos para intervenciones de gestión de riesgos y la simplificación de procedimientos para infraestructura, vivienda, agua y saneamiento.
Recorte de reformas en materia laboral y financiera
Sin embargo, la Cámara de Diputados dejó fuera materias que planteaban cambios generales en la regulación económica y productiva del país. En el bloque laboral, no se aprobó la facultad solicitada para modificar la regulación de los feriados no laborables. De igual manera, en el ámbito financiero se descartó la propuesta para eliminar los topes a las tasas de interés establecidos por la Ley 31143 dentro del debate sobre la usura.
El Parlamento tampoco incluyó medidas orientadas a las micro y pequeñas empresas sobre formalización, factoring, capital semilla, garantías, crédito productivo y financiamiento para emprendimientos. En el sector laboral, quedaron excluidas las propuestas para promover el empleo juvenil y el autoempleo, así como las modificaciones a la inspección laboral y al marco de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.
En materia fiscal y tributaria, se descartaron posibles reformas a los regímenes tributarios, obligaciones formales de las empresas, Código Tributario, normas aduaneras y facilitación del comercio exterior. Tampoco avanzaron disposiciones sobre inclusión financiera, finanzas abiertas, nuevos productos de crédito o seguros, ni el acceso de entidades privadas a datos de identidad.
Trámite en el Senado y alianzas parlamentarias
Adicionalmente, el texto aprobado no contempla cambios generales en sectores clave como concesiones mineras, hidrocarburos, electricidad, pesca, infraestructura industrial o promoción turística. Por su parte, en el bloque de seguridad ciudadana sí aprobado, el Ejecutivo podrá legislar sobre control migratorio, bloqueo de comunicaciones ilícitas, fiscalización de armas, reforma penitenciaria, extorsión, sicariato y ciberdelincuencia.
El Senado sesiona este miércoles 7 de octubre desde las 12 p.m. para evaluar la agenda parlamentaria. Agrupaciones como Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación exigieron que la cámara alta respete lo aprobado en Diputados. En el Senado, Fuerza Popular cuenta con 22 de los 60 integrantes y Renovación Popular con 8, sumando la mitad de la cámara con 30 miembros, por lo que requerirán respaldos adicionales para aprobar el texto.
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