La ley 31520 que afecta la calidad de la educación superior al restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas sigue vigente y con base a ella este viernes 17 de febrero, el ministro de Educación, Óscar Becerra ha convocado a una reunión para seleccionar al nuevo superintendente de la Sunedu.
Pese a las promesas de Dina Boluarte y Alberto Otárola de no atentar contra el fortalecimiento y desarrollo de la enseñanza universitaria, la sesión prevista para este viernes 17 de febrero sigue en curso. Un posible reglamento que asegure la independencia de las investigaciones y vele por el progreso de la ciencia aún no ha sido redactado por el Ejecutivo.
Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), indicó que “hay una contradicción clara entre lo que señaló la presidenta y el premier con lo que el ministro de Educación está pretendiendo hacer, que en realidad es, prácticamente, una intervención política a la Sunedu”.
Además, la falta de un reglamento que evalúe la trayectoria de los representantes de las universidades públicas y privadas, el formato de selección de nuevos candidatos y la revisión de tachas ha ocasionado que la Sunedu se encuentre propensa a sufrir constantes debilitamientos.
Desde la perspectiva de Mori, la reunión de este viernes es “una elección al caballazo del nuevo superintendente dirigido por el representante del ministro de Educación”. Esto se constituye como una interferencia política donde solo representantes de las universidades públicas del grupo de la rectora Jeri Ramón y los miembros designados por el Minedu tienen participación.
