En medio de la crisis política y social, algunos congresistas aprovechan para presentar proyectos de ley a favor de las universidades sin licenciamiento, como la propuesta presentada el día de ayer por el congresista del Bloque Magisterial, Segundo Quiroz Barboza, que pretende dar un «plazo de emergencia» de dos años, para que las universidades subsanen solo las exigencias incumplidas y no pasen por todo el proceso.
Este proyecto de ley n.° 4052, evaluaría a las universidades denegadas con el antiguo esquema de la Sunedu y daría un plazo mínimo para que se alineen a las condiciones básicas. Esto a pesar de que la vigente evaluación de la Sunedu ya concede a las universidades un periodo de cinco años para seguir funcionando y luego puedan presentarse al licenciamiento con el modelo vigente y sin ningún impedimento.
Según Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior comentó que “las universidades asociativas denegadas no quieren invertir, quieren entrar por la puerta falsa y establecer condiciones menos exigentes que para las públicas, las cuales ya se están licenciando…”.
El propuesta de Quiroz Barboza va en la misma línea que los proyectos presentados por los congresistas Darwin Espinoza (Acción Popular), Wilson Quispe (Perú Libre), Esdras Medina (Somos Perú) y Edgar Tello (Bloque Magisterial), quienes han estudiado en instituciones no licenciadas (Garcilaso, Uladech y la Néstor Cáceres).
Estos proyectos ya están listos para ser evaluadas en el Pleno, incluso cuando la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, había enviado un oficio, el año pasado, al presidente del congreso José Williams invocando el archivamiento de esos proyectos por considerarse un “retroceso” para la calidad educativa universitaria.
