El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de Haza, cuestionó la aprobación de la ley que reduce de 5 a 4 los votos necesarios en el tribunal para resolver demandas competenciales y procesos cautelares. La reforma presentada por Fernando Rospigliosi, congresista por el fujimorismo, modifica seis artículos del Código Procesal Constitucional, que beneficiaría al legislativo ante el Tribunal Constitucional (TC), y limitaría las funciones del poder Judicial (PJ).
Cabe señalar que, en solo una sesión, realizada el último miércoles, el parlamento logró este resultado después que el bloque de Fuerza Popular pidiera una reconsideración ya que la primera vez solo obtuvieron 65 votos. De esta manera se presentó un texto sustitutorio por los congresistas de Renovación Popular Alejandro Cavero y Muñante, quien nunca pasó por la comisión de constitución, en el cual insertaron una figura denominada “rechazo liminar”. Dicho recurso puede ser aplicado por el juez para desestimar una demanda o solicitud sin la necesidad de un análisis profundo de los argumentos o las pruebas presentadas. Es así que, cuando el congreso destituye a un juez o fiscal este no tendrá derecho a presentar una medida cautelar.
Al respecto, durante una ceremonia de juramentación de jueces, el magistrado de la Haza declaró que dicha propuesta, podría debilitar la capacidad del Tribunal para actuar como contrapeso en casos críticos que comprometan los derechos fundamentales y el estado de derecho. Además, sostuvo que lo que se busca es blindar al Congreso de manera que los ciudadanos se vean afectados por una vulneración de sus derechos fundamentales, y por consiguiente ya no puedan acudir al Poder Judicial.
Cambios legislativos
Asimismo, señaló que la independencia del sistema de justicia enfrenta desafíos significativos y es importante tomar conciencia de los riesgos que ciertos cambios legislativos podrían tener en el equilibrio de poderes.
Con la aprobación de esta ley que modifica el Código Procesal Penal, las sentencias podrán resolverse con solo 4 votos, y en caso de empate será el presidente de la junta quien decida la votación, de no alcanzar consenso la demanda será declarada infundada. Cabe recalcar que dentro de una semana se determinará el fin que tendrá esta controvertida norma, durante una segunda votación en el hemiciclo del Congreso. Esperemos que esta vez prime el marco constitucional y se respete el estado de derecho.
Redacción: Otilia Barreto
