Poder Judicial dicta pena suspendida para un empleado de limpieza de Accha que causó la quema de 10 hectáreas de cobertura vegetal en Paruro. El sancionado deberá realizar trabajo comunitario, pagar reparación civil y reforestar el terreno afectado.
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco sentenció a Mario Córdoba, de 53 años, por cometer un delito contra los bosques o formaciones boscosas al iniciar un incendio forestal en la provincia de Paruro. La medida judicial fue concertada y aprobada mediante un mecanismo de terminación anticipada del proceso, luego de las gestiones formuladas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de la región. Asimismo, la resolución quedó declarada como consentida durante una audiencia pública, debido a que ninguna de las partes involucradas interpuso recursos de impugnación.
Los hechos que motivaron la sanción judicial ocurrieron el jueves 15 de octubre en la localidad de Jabonciniyuc, un sector perteneciente al distrito de Accha. En aquel momento, Córdoba cumplía labores operativas como trabajador del área de limpieza pública para la Municipalidad Distrital de Accha. Según la acusación fiscal presentada en el caso, el ciudadano prendió una fogata empleando hierbas secas y troncos pequeños conocidos como charamuscas. Al realizar esta acción dentro de un entorno rodeado por vegetación densa y sin implementar ninguna medida de seguridad preventiva, el fuego se propagó rápidamente hasta convertirse en una emergencia forestal.
Detalles de la condena y daños ambientales
De acuerdo con un informe técnico elaborado por la sede regional del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el fuego destruyó cerca de 10 hectáreas de terreno. Las hectáreas perjudicadas albergaban ejemplares de eucalipto, pino, chachacomo y queuña, además de diversos pastos naturales y flora arbustiva. Por estos motivos, la condena impuesta al responsable establece 3 años, 10 meses y 20 días de pena privativa de la libertad. Sin embargo, esta ejecución de la pena quedó suspendida bajo el cumplimiento obligatorio de un periodo de prueba fijado en 3 años.
Adicionalmente, el fallo judicial contempla el cumplimiento estricto de 44 jornadas de prestación de servicios a favor de la comunidad. En el aspecto económico, la resolución obliga al sentenciado a pagar un monto de 6 mil soles por concepto de reparación civil para resarcir los daños causados. De esta cifra total, la suma de 3 mil soles ya fue abonada de manera efectiva, mientras que el saldo restante deberá cancelarse a más tardar el 30 de noviembre.
Obligaciones de restauración ambiental
Entre las reglas de conducta dispuestas por las autoridades judiciales, la medida contempla la obligación directa de reforestar las 10 hectáreas dañadas con especies de pino y eucalipto. Esta labor de siembra deberá ejecutarse de forma progresiva en un plazo total de 2 años, dividiendo el trabajo en 5 hectáreas durante el primer año y las 5 hectáreas restantes durante el segundo año. En caso de que el sancionado incumpla esta regla, las autoridades procederán a revocar la suspensión de la pena privativa de la libertad.
