La Fiscalía investiga a Transportadora de Gas del Perú (TGP) por presunta contaminación ambiental y delitos contra la seguridad y la salud, a raíz de la deflagración registrada en marzo en Megantoni, Cusco, donde 35 personas fueron atendidas por problemas de salud. Meses después, la investigación fiscal permanece sin avances, mientras desde Cusco se exige esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y se solicita la intervención del Congreso.
El pasado 1 de marzo, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco, se produjo una fuga de gas seguida de una deflagración en el gasoducto del sistema Camisea. El incidente no solo provocó el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) en Lima, sino que también generó preocupación por sus posibles efectos en la salud de la población y el ambiente.
Tras el hecho, pobladores de la comunidad de Alto Saringabeni reportaron diversos síntomas, entre ellos dolor y ardor en los ojos, irritación en la piel, problemas digestivos y dolores de cabeza. Frente a estas afectaciones, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que 35 personas fueron atendidas por problemas de salud relacionados con el incidente.
En este contexto, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención, con competencia en materia ambiental inició una investigación contra Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa operadora del gasoducto de Camisea, por la presunta comisión de delitos vinculados con la contaminación ambiental y la exposición de la población a riesgos para su seguridad. Lamentablemente la investigación fiscal no avanza. Es decir, se encuentra congelada mientras varias familias sufren las consecuencias.
Una fuga de gas en la amazonía cusqueña no puede ser reducida a una falla técnica que se controla, se informa y luego se archiva en algún expediente administrativo. Cuando una infraestructura energética atraviesa ecosistemas sensibles y territorios donde viven comunidades, cualquier incidente debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias.
Congreso debe investigar a TGP
El caso TGP plantea una discusión que trasciende la investigación fiscal. El Congreso de la República debería evaluar la creación de una comisión especial investigadora que revise las circunstancias de la emergencia de Megantoni, el estado de la infraestructura operada por la empresa, sus protocolos de seguridad, sus mecanismos de prevención y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
No se trata de condenar anticipadamente a TGP, eso corresponde a las autoridades competentes y, finalmente, a la justicia. Se trata de algo más elemental: fiscalizar a una empresa privada que administra una infraestructura de enorme importancia para el país y que está vinculada a un recurso estratégico.
La investigación del Ministerio Público constituye un primer paso. Pero el país necesita saber qué ocurrió en Camisea y, sobre todo, si lo ocurrido pudo evitarse.
Porque una emergencia energética puede terminar cuando vuelve el suministro. Una emergencia ambiental, en cambio, puede permanecer durante años. Y en la Amazonía, donde el ducto atraviesa bosques, suelos y territorios habitados, las consecuencias de una falla no desaparecen cuando se apagan las llamas.
Por eso la investigación contra TGP debe llegar al Congreso de la República. Sin privilegios, sin silencios y sin explicaciones a medias. Camisea no puede convertirse en un territorio donde la energía vale más que la seguridad de quienes viven alrededor de ella.
