militares para albergar a presos
El Ejecutivo propone habilitar temporalmente instalaciones militares en desuso para trasladar a internos de baja peligrosidad y reducir el hacinamiento penitenciario. La iniciativa forma parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso.

Una alternativa frente al hacinamiento
El Gobierno plantea habilitar temporalmente algunos hangares e instalaciones militares que se encuentran en desuso para albergar a internos considerados de baja peligrosidad. La propuesta forma parte del paquete de medidas incluido en el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ante el Congreso. De acuerdo con la iniciativa, estos espacios podrían ser acondicionados para recibir a personas que no representen un alto nivel de riesgo y que cumplan determinadas condiciones de seguridad. Con esta alternativa, las autoridades buscan disminuir la presión que actualmente soporta el sistema penitenciario y liberar espacios dentro de los penales para los internos vinculados con delitos de mayor gravedad. La medida contempla que los establecimientos temporales cuenten con vigilancia y controles adecuados durante el periodo en que sean utilizados. El Gobierno sostiene que la redistribución de determinados internos permitiría que los agentes penitenciarios concentren sus recursos en el control de personas consideradas de alta peligrosidad. La propuesta está dirigida principalmente a quienes tengan una mínima peligrosidad o no hayan cometido delitos violentos. Además, el Ministerio de Defensa coordinaría la identificación y habilitación de los hangares que puedan ser utilizados, mientras las autoridades penitenciarias deberán establecer las condiciones necesarias para garantizar la custodia de los internos.

Uno de los principales argumentos para impulsar esta alternativa es el nivel de hacinamiento que existe en los establecimientos penitenciarios. Según el Sistema de Información Estadístico Penitenciario, en mayo de 2026 había 2 mil 672 personas recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria. De ese total, 710 se encontraban procesadas y 1 mil 962 tenían una sentencia efectiva. Para el Ejecutivo, trasladar a determinados internos de menor peligrosidad podría contribuir a reducir la sobrepoblación y permitir una mejor organización de los recursos disponibles. La propuesta, sin embargo, deberá ser evaluada dentro del proceso legislativo y de acuerdo con las condiciones que establezca el Congreso.
Cifras y medidas que evalúa el Ejecutivo
El paquete presentado por el Gobierno también incluye otras medidas relacionadas con la seguridad y el sistema penitenciario. Entre ellas se plantea restringir beneficios de reducción de pena por terminación anticipada en delitos como extorsión, sicariato y secuestro. Asimismo, se propone autorizar de manera excepcional y temporal la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los penales, ante el déficit de personal del INPE, que cuenta con poco más de 7 mil agentes. El pedido del Ejecutivo contempla 66 puntos y un plazo de 120 días para legislar en materias como seguridad ciudadana y economía. Mientras tanto, varias comisiones del Congreso ya han expresado su rechazo al pedido de facultades.







