El pasado domingo 19 de mayo terminó el plazo de la investigación preliminar conducido por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en contra de la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en relación al “Caso Rolex” y los incrementos presupuestarios para la región de Ayacucho.

Durante la última semana, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación ha estado evaluando los pasos a seguir después del pasado 19 de mayo. Las principales opciones serían forzar una ampliación del plazo de la investigación según el Código Procesal Penal o cumplir con la Ley 27399, que establece un plazo máximo de 60 días naturales para la investigación preliminar.

La mayoría de los fiscales consideran que ya no es posible ampliar el plazo, dado que la notificación a los involucrados debería haberse realizado antes del 18 de mayo. La Ley 27399 establece que, si se encuentran evidencias o indicios razonables de la comisión de delitos por altos funcionarios públicos, el fiscal de la Nación debe formular la denuncia constitucional correspondiente.

En su última visita al Congreso de la República, el fiscal Juan Carlos Villena mencionó que se emitirá un comunicado respecto a las investigaciones en contra de Boluarte Zegarra y otros dirigentes en los próximos días. Se espera que se presente una acusación constitucional contra la mandataria por los delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de información en declaraciones oficiales y cohecho, basándose en las investigaciones hechas hasta el momento. De no proceder con esta decisión, el caso tendría que archivarse.

No obstante, hay pocas probabilidades que la denuncia constitucional progrese debido al apoyo político que Dina Boluarte tiene en el Parlamento. Por otro lado, los indicios no serían definitivos en este momento para probar la comisión de actos ilícitos. Boluarte y Oscorima han aceptado la recepción y entrega de sofisticadas joyas como préstamo y los incrementos presupuestarios, pero niegan que estos hechos impliquen un intercambio de favores. Para comprobar el enriquecimiento ilícito, se requiere un peritaje financiero contable que tome más tiempo y podría realizarse en una investigación preparatoria formal.

La resolución de estas investigaciones será crucial para determinar el futuro político y legal de la presidenta Dina Boluarte, aunque las probabilidades de una acusación exitosa parecen limitadas en el contexto actual.

Redacción: Diego Chirinos