Durante una entrevista en el programa Cuarto Poder, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, indicó tener información sobre el contenido de un reportaje antes de que este se emitiera. En dicho informe periodístico, dos testigos protegidos lo acusaban de cobrar sobornos mientras ejercía como abogado y de pagar coimas a jueces y fiscales para así influir en sus decisiones, entre ellos la jueza Emma Benavides, y su hijo, José Luján Benavides.
Luego de que la conductora Sol Carreño le asegurara que su equipo no compartió información antes de emitir el reportaje, Santivañez afirmó que le transmitieron el contenido y mostró su celular donde se pudo ver parte del informe. En ese sentido el ministro del Interior aseguró que fue su jefa de prensa quien le habría enviado el material antes de la emisión. Sin embargo, la periodista señaló que su jefa de comunicaciones le comunicó en ese instante que no lo hizo. Agregando que el ministro les habría mentido al vincular a su directora sobre el envío del texto.
Ante esta contradicción, la entrevista se tornó más álgida. La conductora seguía cuestionando a Santivañez sobre cómo llegó la información a sus manos o quién le habría hecho llegar material del medio de comunicación, lo que puso al ministro en una situación incómoda y lo llevó a negarse a contestar dichas preguntas.
¿Qué se le cuestiona a Santiváñez ahora?
El reportaje al que Santiváñez tuvo acceso incluía testimonios respaldados por audios, videos y detalles sobre nombres, montos y fechas, que involucran a Juan José Santivañez en una presunta red de corrupción en la que estarían beneficiados un capitán de la Policía Nacional vinculado al ‘El Escuadrón de la Muerte’ y un exgeneral investigado por su institución y el Ministerio Público por compras millonarias durante la pandemia.
Uno de los testigos indica que se le habría pagado 60 mil dólares al Santivañez, la mitad depositada en su cuenta personal y la otra mitad en efectivo de manera presencial con el fin de influir favorablemente en el hábeas corpus a Francisco Johnny Arévalo Quispe. Un trato que, a pesar del pago no se cumplió. El mismo testigo asegura que Santiváñez habría pedido S/64,000 al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita para pagar al fiscal a cargo del caso del proceso penal que enfrentaba por la compra irregular de mascarillas. Asegura que la entrega de este dinero fue presenciada por un trabajador del estudio, donde el general Petit entregó S/60,000 en efectivo a Santiváñez en junio de 2020.
El segundo testigo detalló que Santiváñez ordenó identificar al juez y al secretario responsables de un hábeas corpus, ya que Arévalo Quispe le habría pagado en su oficina para sobornar al magistrado y obtener su libertad. En este testimonio estaría implicada Yessenia de la Cruz, administradora del estudio de abogados de Santiváñez. Al respecto, el ministro del Interior señaló que este asunto se trataba de una infamia y negó los pagos y su injerencia en esos casos, que asegura no podrán probarse.
Redacción: Otilia Barreto
