Incautan propiedades de la UAP
Inmuebles no pueden ser contados como parte del patrimonio de la universidad. Composición: SRRTV, Harold Herrera

Incautan dos propiedades de la UAP en el megaoperativo ejecutado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos el pasado 25 de febrero. Las propiedades de Joaquín Ramírez Gamarra no forman parte de la entidad universitaria, sino de un fideicomiso a tutela de Corporación Fiduciaria SAC, por lo que serían inembargables. 

Aún así, el juez del caso, Víctor Zúñiga, ratificó la incautación de los dos inmuebles, y el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) ya los asignó a la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Por otro lado, el abogado Miguel Ávalos Alva, del estudio Caro y Asociados, que representa a la Universidad Alas Peruanas, explicó que la universidad entregó dicha propiedad en fideicomiso a CORFID y, por tanto, no deberían incautarla en este proceso.

Asimismo, el abogado Wilber Medina, experto en el tema, señaló que se estaría cometiendo un posible delito de prevaricato. Según Medina, la ley establece que las medidas cautelares sólo deben aplicarse a las personas investigadas o procesadas, pero en este caso se ha afectado un bien perteneciente a una persona jurídica ajena al proceso, como lo es CORFID.

Del mismo modo, mencionó que en estos casos lo recomendado es solicitar que se declare improcedente la incautación y, por ende, se levante la medida cautelar contra la propiedad que corresponde a la empresa fiduciaria ajena al proceso penal. La otra alternativa es plantear una acción de amparo contra la decisión del juez que afecta una propiedad que no cuenta como patrimonio del investigado.

¿Por qué es investiga Joaqín Ramírez?

El actual alcalde de la provincia de Cajamarca ha sostenido en reiteradas ocasiones que esta investigación es innecesaria. Recoredmos que el secretario de Fuerza Popular es investigado por los delitos de fraude en la administración jurídica y lavado de activos, así como aportes a la campaña electoral de Keiko Fujimori, a cambio de blindaje político. Sien embargo, Ramírez se defiende se este caso argumentando que las autoridades no han conseguido una acusación contundente en su contra en 10 años.

Redacción por: Harold Herrada