Ucayali: Después de 9 años la justicia llegó para los familiares de los dirigentes ashaninkas

Los familiares denuncian que las amenazas continúan hasta hoy.

9 años después las viudas de Saweto siguen implorando justicia mientras sus vidas siguen en riesgo por el simple hecho de proteger su hogar/ (Foto: Google)

Las viudas e hijos de los cuatro líderes asháninkas asesinados el 2014 exigieron ser escuchados y atendidos por el Estado para proteger el bosque amazónico de inescrupulosos empresarios madereros. Ergilia Rengifo, viuda de una de las víctimas, señaló que las amenazas contra sus vidas continúan hasta hoy, a pesar de lo cual seguirán luchando y pidiendo justicia.

“Las amenazas —continuó—han venido desde antes, hasta ahora tenemos amenazas, nos pueden matar. Necesito justicia. Si no cuidamos, qué será de nosotros, nos vamos a quedar como Lima, llenos de cemento”.Rengifo recordó que su esposo y sus compañeros asesinados siempre denunciaron la tala ilegal y las amenazas que recibían, pero el Estado peruano no los quiso escuchar y por eso decidieron ir a Brasil.

Los familiares de los líderes asháninkas asesinados dieron estas declaraciones en una conferencia de prensa que ofrecieron al lado de su abogado, Óscar Romero, antes que el Poder Judicial leyera la sentencia íntegra contra los cinco asesinos.

El 1° de setiembre del 2014, Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, líderes de la comunidad nativa de Alto Tamaya-Saweto, en la región Ucayali, fueron asesinados tras denunciar durante años la tala ilegal.
El 17 de febrero último, un juez leyó el adelanto de la sentencia que encuentra responsables de este crimen a los empresarios madereros José Carlos Estrada Huayta y Hugo Soria Flores, en calidad de instigadores, y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix y el brasileño Eurico Mapes Gómez, como autores materiales del asesinato.

Este 27 de febrero se leyó la totalidad del fallo, más de ocho años después de que ocurriera el crimen. Sin embargo, ninguno de los asesinos está en prisión. De acuerdo con el Código Procesal Penal, el juez suspendió los efectos del veredicto hasta que la pena sea confirmada por una Sala Superior.