Se realizó la última audiencia del juicio sobre la concentración de los medios en el país

Son 8 los periodistas quienes demandaron al Grupo Comercio, Servicios Especiales de Edición S.A.C y a los hermanos Agois Banchero.

El juez Juan Ricardo Macedo Cuenca / (Foto; Hildebrant en sus trece)

Este último lunes en horas de la mañana se realizó la audiencia final oral del reconocido juicio que va en contra de la concentración de medios en el país. La gestión fue desarrollada en la modalidad remota por el juez Juan Ricardo Macedo Cuenca, perteneciente al Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Para entender el contexto, de un lado se encuentran los demandantes conformado por: Augusto Álvarez Rodrich, Rosa María Palacios Mc Bride, Fernando Valencia Osorio, Miroslav Lauer Holoubek, Luz Helguero Seminario, Gustavo Mohme Seminario, Enrique Zileri Gibson y Mario Saavedra Pinón.

Son periodistas, empresarios y editores. Por otro lado, están los demandados que son El Grupo Comercio, Servicios Especiales de Edición S.A.C y los hermanos Agois Banchero.

La problemática nace por estos últimos mencionados debido a que vendieron el 54% de las acciones de Epensa y ABS en el año 2013 y que habría hecho crecer una gran concentración del mercado de diarios impresos en el poder de un solo propietario, que alcanzó a controlar el 80% de la prensa escrita y el 78% de publicidad. No obstante, en primera instancia, se había declarado sin efecto el contrato de compraventa de acciones en el 2021 por parte del juez Maceda. Sin embargo, la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló el fallo impuesto en primera instancia.

En la audiencia, el juez magistrado volvió a emitir un fallo en primera instancia, aunque el fallo anulado declaró fundada la demanda. Asimismo, la sentencia anterior de la Sala Superior que lo anulaba no hizo ninguna objeción a los argumentos del juez Macedo. El juzgado esperará los alegatos escritos para concluir la elaboración del fallo.

Los abogados de los demandantes señalaron que el caso busca defender al Perú en contra del pluralismo informativo e indicaron que existía un abuso del derecho contractual en perjuicio del derecho a la libertad informativa.

Redacción: Carlos Prado