La representante de esta instancia advirtió que el Estado peruano no cumplió con las recomendaciones sobre el uso de medidas para mantener un ambiente seguro en las protestas. Asimismo, afirmó que se debía promover el diálogo social, evitar la estigmatización y criminalización y usar la prisión preventiva solo cuando se cumpla los requisitos de proporción y excepción evitando la discriminación.
Las mencionadas declaraciones se dieron luego de las marchas realizadas a lo largo del país los días 27, 28 y 29 de julio, en las que participaron varios gremios, asociaciones y colectivos, además de los deudos de las víctimas de las masacres del 2022, quienes protestaban en contra del gobierno de Dina Boluarte.
Al respecto la experta indicó que el Perú necesita avanzar en reformas legales y prácticas que permitan al país alinearse a los estándares internacionales en relación a la asamblea pacífica, y que se respeten a los ciudadanos al ejercer su derecho legítimo a la protesta.
Cabe resaltar que Gina Romero pidió al gobierno que ofrezca disculpas públicas por las muertes producidas durante las protestas sociales desarrolladas a fines del 2022 e inicios del 2023 contra el régimen de la presidenta Boluarte Zegarra.
Redacción: Otilia Barreto
