Después de la última audiencia de segunda instancia en el Poder Judicial, realizada el miércoles 8 de enero, la próxima semana se decidirá si continúa o no el proyecto Ariana. Una mina subterránea de cobre y zinc, ubicada en el distrito de Marcapomacocha, provincia de Yauli, departamento de Junín, que podría operar en una zona clave para el abastecimiento de agua para la ciudad de Lima.
Luego de que empataran la decisión de los jueces con dos votos a favor y dos en contra, queda en manos del juez Eduardo Romero Roca, esta decisión con serias implicaciones para más de 11 millones de pobladores que dependen del sistema hídrico de Marcapomacocha. Este sistema incluye 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que alimentan el túnel trasandino Cuevas-Milloc, y las aguas que van desde la cuenca del Mantaro hacia la cuenca del río Rímac, que representa el 62% del agua que abastece a Lima y Callao durante las temporadas de sequía.
Sedapal y los riesgos que implica “Ariana”
Cabe señalar que el servicio de agua potable y alcantarillado de Lima (Sedapal) intervino a favor de la parte demandante, alertando sobre los riesgos que implicaría cuatro amenazas puntuales, entre ellas la contaminación de las fuentes de agua por la presencia de arsénico y otros materiales que, en límites no permitidos para el consumo humano, podrían superar los estándares de calidad ambiental de ejecutarse la operación minera.
Asimismo, la entidad estatal denunció que Southern Peaks Mining (SPM), empresa responsable del proyecto, impide que se realicen las pericias sobre los niveles de contaminación, al haber cercado dicha área. Además, alertó que el uso de explosiones con dinamita, requeridas en este tipo de extracción subterránea, podrían alterar el cauce de las aguas e impactarían en la cantidad como en la calidad de este recurso básico para la población.
Antecedentes en torno al proceso de suspensión del proyecto minero
Cabe recordar que el 2016, este proyecto fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, pese a la oposición de Sedapal, que alertó desde el 2014 el riesgo que podría correr el sistema hídrico de Marcapomacocha. El 2019, los ciudadanos de Lima presentaron una demanda de amparo constitucional pidiendo la nulidad de dicho proyecto. El 2021, Sedapal se unió al proceso judicial como parte demandante. El 2023, se ordenó la suspensión del proyecto y nuevos estudios técnicos; una decisión que fue apelada por el MINEM y la empresa mencionada. Finalmente, se llegará a una decisión la próxima semana que definirá no solo el destino del proyecto sino del abastecimiento de agua, y la calidad de esta en Lima y Callao.
Redacción: Otilia Barreto
