Con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la comisión permanente del Congreso de la República dio luz verde al proyecto de Ley que restituye el financiamiento privado a partidos políticos. Dicha norma, además, establece disposiciones para el empleo del financiamiento público.
Cabe precisar que la ley que avala este tipo de aportes fue derogada en el 2018, debido a los ingresos irregulares percibidos por los partidos políticos implicados en el ‘Caso Lava Jato’. Asimismo, este dictamen modifica los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 28094, Ley de organizaciones políticas, emitida el 2003.
De esta manera las organizaciones políticas podrán recibir el equivalente a 200 Unidades impositivas tributarias, es decir, 1 millón 30 mil soles de cada aportante privado, sean empresas o personas naturales. Monto que podrá ser depositado tanto en la banca estatal como en la privada.
Asesoría legal a partidos con financiamiento público
La norma establece que el 50% del monto anual otorgado por el Estado a los partidos políticos con representación en el parlamento, que hasta el momento alcanza más de 15 millones y medio de soles, puede ser usado también en el pago de los servicios legales. Es decir, el Estado correrá con los gastos de los abogados tanto de la organización política, como de sus directivos. Sin embargo, se verán obligados a devolver el monto en caso de sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada.
Opiniones a favor y en contra en el Congreso
Al respecto el congresista Fernando Rospigliosi señaló que este dictamen garantiza la competencia democrática, permitiendo a los partidos acceder a mayores recursos. Por su parte Ruth Luque, una de las parlamentarias que votó en contra de dicha ley, afirmó que la comisión permanente no tiene la autoridad para votar modificaciones de leyes orgánicas, tal como indica una sentencia del Tribunal Constitucional del 2020, pues es competencia exclusiva del pleno.
Queda en manos del Ejecutivo la aprobación de este dictamen se deriva de los proyectos de ley 3153, 4597 y otros, modifica la Ley 28094, que regula las organizaciones políticas, y debería hacerse efectiva los próximos 15 días.
Redacción: Otilia Barreto
