El juez Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima, admitió a trámite el hábeas corpus planteado por el golpista expresidente Pedro Castillo. Este proceso pretende anular la prisión preventiva por 18 meses que se le otorgó por el supuesto delito de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Una de las pretensiones de Castillo Terrones es anular la resolución del Congreso N.º 002-2022-2023-CR, con la que se le levantó la prerrogativa de antejuicio político sin llevarse a cabo el procedimiento de acusación constitucional. El exmandatario señala que los parlamentarios “no pueden dejar sin efecto el derecho a antejuicio político por encontrarse en flagrancia delictiva” y recuerda que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí se procesa por este mismo caso a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.
Otro requerimiento de Pedro Castillo es dejar sin efecto la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien le impuso 18 meses de prisión preventiva; así como el fallo de la Sala Penal Permanente que ratifica la decisión en primera instancia. Para ello, la defensa del exjefe de Estado sostiene lo siguiente sobre la Sala Penal que preside el juez supremo César San Martín, “no se pronunció sobre detención arbitraria ordenada por el director de Seguridad del Estado ya que al momento de su detención tenía la condición de presidente ni tampoco el Congreso había iniciado el proceso de antejuicio político”.
