Mediante una entrevista en un medio local, Gustavo Adrianzén, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ha cuestionado el reciente comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la investigación que involucra a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Adrianzén criticó que existen «imprecisiones» del documento emitido, en el sentido de que sugiere que la Comisión solo ha externalizado la preocupación y ha generado “una suerte de alarma”; además del corto plazo otorgado al Estado peruano para brindar una respuesta que, según comentó, fue de tan solo tres horas, de las cuales dos se utilizaron para emitir una respuesta.
El diplomático expresó su sorpresa ante la rapidez con la que la CIDH envió el comunicado y la limitación de tiempo para la respuesta. Según comentó, aunque solicitaron tres días para emitir un descargo, solo recibieron un plazo de 24 horas, lo que consideró «inverosímil». Asimismo, el exministro de Justicia destacó la necesidad de respetar el «debido proceso» y el derecho a la defensa de los miembros de la JNJ involucrados en la investigación interna.
Por otro lado, durante su entrevista, fue consultado sobre si consideraba que existiese un sesgo ideológico implícito dentro del pronunciamiento de la CIDH, a lo que Adrianzén contestó que, de ser cierta tal afirmación, tendría que brindar pruebas de ello, y que si bien señala que discrepa con el comunicado de la Comisión, se espera que la misma se haya pronunciado bajo el marco de la objetividad.
“Por ejemplo, ahora mismo podemos afirmar que sí hay un sesgo ideológico. Entonces me dirían: ‘oiga señor Adrianzén, ¿cómo usted dice aquello?, ¿qué pruebas tiene para demostrarlo?’. Entonces hay una presunción que a mi opinión debería ser indebida y yo hago votos por que no sea así”, sostuvo.
El representante peruano subrayó que la respuesta del Estado peruano es detallada y debería ser suficiente para abordar la preocupación expresada por la CIDH en su comunicado. Asimismo, enfatizó que la clave en torno a este caso es garantizar que la investigación se realice de manera justa y que se respeten los derechos y la defensa que puedan presentar los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Redacción: Josué García