El Ministerio Público dio inicio al año Fiscal 2025, con la presentación de dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, contra dos de las leyes emitidas por el Congreso, que según lo refiere su titular la fiscal Delia Espinoza, vulneran su autonomía y limitan su accionar. Una de ellas es la Ley 32107, referida a los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, la cual, aseguró, debilita el marco normativo que sustenta la persecución de estos graves delitos, contraviniendo estándares internacionales de derecho penal y humanitario.
Recordemos que la mencionada norma intentó aplicarse en noviembre del 2024 por ex integrantes del grupo Colina, para evitar ser procesados por delitos de lesa humanidad, debido a los crímenes realizados durante los años ’80 y ’90.
Desarrollo del proceso
La otra demanda se presentó contra la Ley 32130, que devuelve a la Policía Nacional del Perú (PNP) las facultades para investigaciones preliminares en procesos penales. Según, la fiscal de la nación esta norma afectaría la autonomía del ministerio público al interferir en su rol conductor de las investigaciones, garantizado por el artículo 159, numeral 4, de la Constitución. En ese sentido, aseguró, se busca “que estas disposiciones no limiten la capacidad de la fiscalía de actuar de manera contundente frente a violaciones de derechos fundamentales con respecto de las cuales ya existen sentencias firmes y aún se vienen desarrollando procesos en dicha materia”.
A lo largo de su discurso, la fiscal cuestionó también, otras normas que interfieren con su labor como la Ley 31990, que recorta los plazos de corroboración para los colaboradores eficaces, la Ley 31751, que modifica los términos de prescripción de delitos; y la Ley 32108, que tipifica organizaciones criminales, dificulta la identificación y sanción a estos grupos.
Esta ceremonia se realizó en el auditorio principal de la sede central del ministerio público y estuvieron presentes fiscales supremos, presidentes de las juntas de fiscales superiores y provinciales de los distintos distritos fiscales del país, además de coordinadores nacionales; a los que pidió hagan llegar sus propuestas y análisis que permitan mejorar la evaluación a las leyes emitidas por el legislativo para presentar, si es necesario las demandas de inconstitucionalidad pertinentes.
Redacción: Otilia Barreto
