A más de 9 meses de haber salido de prisión por la aprobación de un indulto, muere Alberto Fujimori. El exmandatario purgaba 25 años de condena debido a crímenes de lesa humanidad, y actos de corrupción ejecutados durante su gobierno. Con su muerte quedaron sin responder una serie de procesos judiciales que aún están pendientes además de una deuda que mantenía con el Estado por reparación civil de 57 millones de soles.
Cabe recordar que el historial judicial de Alberto Fujimori se inicia en octubre de 2021, con su extradición de Chile a solicitud del Poder Judicial, para que sea juzgado por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves, asociación ilícita para delinquir, peculado doloso, secuestro agravado y revelación de secretos de interés nacional.
Condenas pendientes
Es así que su primera condena fue los 6 años de prisión que le impuso el Poder Judicial el 11 de diciembre de 2007, por el allanamiento ilegal a la casa Trinidad Becerra, esposa de su exasesor Vladimiro Montesinos. Un proceso realizado con el objeto de ocultar evidencia después de la difusión del primer “vladivideo”. En esta oportunidad fue hallado responsable de ordenar la suplantación de un fiscal y el saqueo de documentos comprometedores.
Le sigue, la condena de 7 años y medio por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica, impuesta el 20 de julio de 2009. Esto debido a los 15 millones de dólares de fondos del Estado otorgados a Montesinos en compensación por tiempo de servicio (CTS). Pese a que Fujimori admitió haber usado el dinero del Estado con el fin de que su asesor abandonara el país, nunca mostró arrepentimiento por ese hecho y se acogió a la terminación anticipada, por lo que el proceso se resolvió rápido.
Le sigue, la condena de 7 años y medio por el delito de peculado doloso y falsedad ideológica, impuesta el 20 de julio de 2009. Esto debido a los 15 millones de dólares de fondos del estado otorgados a Montesinos en compensación por tiempo de servicio (CTS). Pese a que Fujimori admitió haber usado el dinero del estado con el fin de que su asesor abandonara el país, nunca mostró arrepentimiento por ese hecho y se acogió a la terminación anticipada, por lo que el proceso se resolvió rápido.
Casos más sonados
Los sonados casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como las detenciones de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, dieron como resultado la condena más larga que se logró imponer a Fujimori, el 7 de abril del 2009. Fueron 25 años por homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado impuestos por el juez César San Martín luego que declarara que estas violaciones a los derechos humanos formaban parte de una estrategia solapada del gobierno de Fujimori en complicidad con Montesinos y el excomandante general de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, calificándola como una guerra de baja intensidad.
El 30 de setiembre del 2009, el exmandatario obtuvo 6 años de prisión por corrupción en relación a los pagos ilegales a congresistas tránsfugas, así como al espionaje y compra de medios de comunicación. Cabe recordar que la última condena la obtuvo el 8 de enero de 2015, por peculado debido al desvío de 122 millones de soles al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para financiar los “diarios chicha”. Sin embargo, dicha condena fue anulada en agosto de 2016 por el juez Javier Villa Stein, quien absolvió a Fujimori.
Quedan pendientes casos como el de Pativilca que afrontaba Fujimori desde el 2017. Un proceso en el que se le atribuye la responsabilidad del asesinato de seis comuneros a manos el grupo paramilitar Colina y que se mantenía abierto, pese a que el Tribunal Constitucional le otorgara el indulto. A ellos se suman 5 casos más relacionados a violación de derechos humanos como las esterilizaciones forzadas y el secuestro y homicidio de la familia Ventocilla en 1992, por lo cual Chile habría ampliado ese año la extradición del expresidente.
Cabe resaltar que el procurador General del Estado, Javier Pacheco, señaló a un medio local que el monto que adeudaba Alberto Fujimori al estado, incluidos los intereses, suman un total de 57 millones, de los que el acusado no pagó ni un sol.
Redacción: Otilia Barreto
