La ley N°31520 ha suscitado un intenso debate en las redes y una serie de manifestaciones, puesto que supone el recorte de las facultades del Ministerio de Educación (Minedu), entidad que se encargaba de supervisar al consejo directivo de las universidades y también representa un duro golpe contra la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) que ya no fiscalizará la incorporación de los rectores en las universidades por lo que la calidad de la educación superior se debilita.
El miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE) y exministro de Educación, Juan Cadillo, resaltó que la progresiva caída de la Sunedu y el retorno de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) es una clara muestra de los intereses políticos que se encuentran en la educación.
La representación de las ambiciones de las universidades no licenciadas por parte de ciertos congresistas y líderes políticos “ha mermado el aspecto técnico que tenía la Sunedu”, sentenció Cadillo. Sin embargo, el fallo del TC todavía no especifica los alcances de la nueva ley que ha suscitado la preocupación de los rectores de universidades públicas.
En la misma línea, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial solicitaron a los parlamentarios que deroguen la ley presentada, porque implica una estafa encubierta contra miles de jóvenes que cursan una carrera sin los menores estándares de calidad educativo.