La titular de la Fiscalía, Delia Espinoza, solicitó a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, se den trámite a las 16 denuncias constitucionales que se encuentran pendientes de resolución desde inicios de este año. A través de las redes del ministerio público precisó el carácter de urgencia de dicho pedido.
Es necesario precisar que la comisión permanente es la encargada de tramitar dichos informes con calificación de aprobado y aún no ha dado luz verde. Por ello el documento fue dirigido a Eduardo Salhuana, quien preside tanto la mesa directiva como la comisión permanente.
Existen 20 denuncias constitucionales que correspondían a diferentes funcionarios públicos, entre ellos ministros, congresistas y jueces; por presuntos delitos entre los que figuran tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y concusión.
Cabe resaltar que dos de estas denuncias presentadas por el entonces Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra Dina Boluarte, en los casos de las muertes en las protestas y los «Rolexgate», fueron admitidas a trámite en la Subcomisión de acusaciones constitucionales. En el primer caso, el informe de calificación fue aprobado el 22 de noviembre último; y el segundo, a pesar de haber sido admitido en julio, aún no es debatido en la comisión permanente.
Más de una decena de congresistas con denuncias constitucionales
Son 11 los legisladores que figuran en estas denuncias constitucionales, en su mayoría relacionados a recortes de sueldo a sus empleados, tal es el caso de Magaly Ruiz y Rosío Torres de Alianza para el progreso y los parlamentarios Edgar Tello y José Arriola de Podemos Perú. El caso de los niños también se encuentra pendiente desde el 2023, con denuncias contra Darwin Espinoza y Jorge Flores de Podemos Perú; y Elvis Vergara y Raúl Doroteo del partido Acción Popular.
Con respecto al caso Jaime Villanueva figura la denuncia constitucional contra Patricia Chirinos de Avanza País por coordinar con dicho personaje y la exfiscal Patricia Benavides para remover a miembros de la Junta Nacional de justicia. También se encuentra el caso de Rosselli Amuruz, debido a las presuntas contrataciones irregulares de personas allegadas a su pareja, el excongresista Paul García, como personal de la Oficina de Calidad Legislativa del Congreso
Redacción: Otilia Barreto
