La presidenta de la república, Dina Boluarte, deberá revisar la normativa aprobada el pasado mes de junio por el legislativo. Dicha disposición busca modificar la ley en contra del crimen organizado. En ese sentido, la autógrafa aprobada dice que cualquier tipo de allanamiento deberá ejecutarse con la presencia del involucrado en compañía de su abogado defensor. Asimismo, alteraría la tipificación de organización criminal lo que causaría la exclusión de alrededor de 60 delitos aproximadamente.
Por medio del despacho presidencial, el gobierno de turno recibió el último 15 de julio la presente normativa, el mismo día que se realizó la publicación de un informe técnico acerca de esta ley, por parte del ministerio de justicia y derechos humanos (Minjus).Dicha norma indica que solo sería viable con observaciones. Según una documentación elaborada por la dirección general de asuntos criminológicos, se concluyó que la propuesta aprobada por el Legislativo, transgrede los principales principios constitucionales.
¿Cuál es la razón de la transgresión de esta autógrafa?
Conforme a los detalles brindados por el informe realizado por el Minjus, la normativa no cumple los requisitos correspondientes para ser promulgada por la presidencia del Perú. Esto quiere decir, que viola la Constitución Política y el principio de taxatividad de la ley penal. En consecuencia, el principio de autoridad exige que las leyes penales sean escritas en forma explícita, acerca de las conductas delictivas, debido a que el máximo ente de justicia considera que no se cumple con las reglas establecidas.
Lo que más preocupa de esta ley, se debe a que no sintetiza de manera precisa la conducta que busca regular. Además, se alega que excluir de las investigaciones el levantamiento del secreto bancario de cuentas o ingresos relacionados con la subsistencia del investigado, como; pensiones por jubilación, o ingresos laborales, contraviene la Constitución. Además, esta exclusión también alcanza a bienes y activos de organizaciones políticas que podrían estar vinculadas a posibles lavados de activos.
Finalmente, el ministerio de justicia criticó sobre cómo es posible que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su defensa legal. Según su criterio, consideran que podría entorpecer y obstaculizar el trabajo de investigación.
Redacción: Manuel Vera
