ANP sobre ley que eleva las penas por difamación: Es manifiesta intimidación contra periodistas

Gremio periodístico criticó el proyecto de ley que modifica los artículos 131 y 132 del Código Penal que propone incrementar la pena por difamación por supuesto uso indebido de medios de comunicación, redes sociales o sitios web.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP expresó su firme rechazo a la decisión del Pleno del Congreso de la República que aprobó por mayoría el Proyecto de Ley 2862/2022-CR “que modifica los artículos 131 y 132 del Código Penal, que sanciona con el incremento de la pena por la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva y la modificación del artículo 1969 del Código Civil, en perjuicio al honor, la buena reputación, la intimidad de la persona y la familia”.

Asimismo, dicha institución señaló que con esta decisión del Parlamento Nacional, iría en contracorriente a la tendencia continental de despenalizar los denominados “delitos de prensa”.

La ANP recordó que las últimas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomiendan a los países adoptar medidas civiles y no penales contra las posibles acciones de difamación.

«La aprobación parlamentaria de esta propuesta, en primera votación, sienta el más nefasto precedente legal contra la actividad periodística de los últimos años. La reforma que se pretende es desmedida e inhibitoria y, por tanto, contraria a la libertad de expresión», se lee en su publicación.

«Lamentablemente en el país ha quedado demostrado el uso instrumental de la ley penal para intimidar periodistas. En los últimos 5 años, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha registrado 146 casos de periodistas de Lima y regiones llevados ante los operadores de justicia, a consecuencia de sus investigaciones. Los querellantes pretenden escarmentar y amordazar a quienes denuncian hechos de corrupción», sentenciaron.

A días de la segunda votación de la ley, la ANP emplazó a los legisladores que votaron a favor de la misma a rectificar una decisión que los convertiría en abiertos detractores de la libertad de expresión y el derecho a la información en el país.