Poder Judicial aprobó levantar secreto bancario de Pedro Castillo y otros exministros de su gobierno
El despacho de Juan Carlos Checkley consideró “consentida” la resolución que ordena levantar el secreto bancario de Castillo y sus exministros por los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
El Poder Judicial aprobó la resolución que ordena el levantamiento del secreto bancario de Pedro Castillo y a los exministros Geiner Alvarado, que junto al expresidente cumple una prisión preventiva de 36 meses, y Juan Francisco Silva, quien se encuentra como “no habido”, por los casos Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda.
Como se recuerda, el despacho del juez Supremo Juan Carlos Checkley dictó en noviembre esta resolución y, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, se otorgó un plazo para que la parte acusada presentase un recurso de apelación contra la medida, la cual no interpuso. Siendo así, el magistrado señaló que «con dicha conducta procesal se denota su conformidad con lo resuelto por lo que corresponde declarar consentida la resolución en referencia».
Con esta aprobación, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondos de Pensiones deberá proceder con dicho levantamiento y brindar la información requerida por el Ministerio Público por el periodo del 12 de abril del 2021 al 31 de diciembre del 2022. Entre las evidencias que se buscan para el caso se encuentran el estado de cuentas de ahorros, corriente, a plazo, CTS de los investigados y todo tipo de operación de abonado, transferencias al extranjero, etc.
Cabe precisar que la investigación contra Castillo Terrones y sus exministros se refiere a la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias en agravio del Estado. Según la Fiscalía, Castillo habría liderado una red ilícita que se habría infiltrado en los más altos niveles del gobierno para direccionar procesos de contrataciones en entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Petroperú. El objetivo habría sido obtener ganancias ilícitas a cambio de favorecer a determinadas empresas o personas.
Redacción: Josué García




