El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo a través de un oficio enviado a Josue Gutierrez, defensor del pueblo, pidió reevaluar la designación de Elizabeth Zea, la nueva adjunta constitucional y que se restituya los estándares de calidad en la selección de personal para la institución.
Magaly González, secretaria general del sindicato, manifestó en el programa Octavo Mandamiento que las reformas coinciden sospechosamente con el nombramiento de Zea.
“Lo que más llamó la atención fue la eliminación por completo del requisito de cuatro años de experiencia en el sector público. Esta modificación se realiza el 5 de septiembre y tres días después se nombra a la señora Elizabeth Zea Marquina como asesora II, que es un puesto de confianza y se le encarga la adjuntía de asuntos constitucionales», indicó González.
En la misiva que ingresó al despacho de Gutierrez este lunes, se denuncia los vínculos políticos de la nueva adjunta de Asuntos Constitucionales con la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, puesto que Elizabeth Zea formó parte del equipo técnico del partido ´naranja´ en la segunda vuelta de las elecciones del 2021.
“Le solicitamos que deje sin efecto las recientes modificatorias al clasificador de cargo y reevalúe la reciente incorporación de Elizabeth Zea Marquina como adjunta de Asuntos Constitucionales, en atención a lo señalado y a los diversos cuestionamientos públicos generados por sus conocidos vínculos con un partido político y comentarios contrarios a la posición histórica de la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos fundamentales, así como por su falta de transparencia al no responder interrogantes de medios de comunicación sobre su experiencia laboral en el sector público”, señala el documento.
En esa línea, la secretaria general del sindicato cuestionó a Zea por su posición sobre los derechos de la comunidad LGBTI y las ‘políticas educativas’.
«No es el perfil profesional al que estamos acostumbrados en la institución porque sabemos, además, que esta persona tiene pronunciamientos públicos, en redes sociales. Sabemos que tiene un discurso anti enfoque de género en las políticas de educación. Un enfoque anti derecho de personas LGTBI», manifestó.
Asimismo la transparencia mostrada por parte la de la nueva adjunta es duramente cuestionada, ya que no responde a las interrogantes planteadas por los medios de comunicación sobre su experiencia laboral. “Lea la norma y publique lo que usted desee. No daré ninguna declaración”, dijo Zea, luego de que La República le solicitara información concreta sobre su estancia en el sector público.
En consecuencia de esta situación, diversos funcionarios de la Defensoría del Pueblo han decidido dimitir. La primera fue Carolina Garcés adjunta en Derechos de la Mujer. La siguieron, Susan Silva de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Eficiencia del Estado; Alicia Abanto, quien era la primera adjunta y Matilde Cobeña quien era encargada de Niños y Adolescentes.
Redacción: Luis Barzola
