El Poder Judicial pide presupuesto para consolidar unidades de flagrancia y enfrentar delitos complejos como extorsión y sicariato, destacando una eficacia del 93% y la necesidad de convertir unidades piloto en modelos.
El integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), Carlos Zavaleta Grández, sostuvo que hace falta decisión política para asignar el presupuesto necesario a fin de consolidar las unidades de flagrancia y combatir con inmediatez flagelos criminales como la extorsión y el sicariato. El magistrado, también representante alterno del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, señaló que existe la propuesta de que nueve unidades piloto pasen a ser unidades modelo con presupuesto propio.
El representante del sistema judicial explicó que, en la actualidad, el Consejo de Flagrancia cuenta con 40 unidades, de las cuales 25 son piloto y 15 son modelo. La diferencia entre ambas radica en que las unidades piloto no cuentan con presupuesto adicional ni recursos humanos necesarios, por lo que el personal asignado realiza su labor en adición a sus funciones, situación que se agrava en la Corte de Lima Centro por su elevada cantidad de delitos. Zavaleta advirtió que la mayor limitación para la expansión y plena operatividad de estos centros especializados radica en la falta de recursos específicos.
El Poder Judicial está a la espera de lo solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que se asigne un presupuesto adicional que permita la conversión de las nueve unidades piloto, entre las que figura la de Lima Centro. “Desde la entrada en vigor de la norma, hemos solicitado que Lima Centro cuente, por lo menos, con una unidad modelo de tipo 1, es decir, que tenga todo el presupuesto, la logística y los recursos humanos necesarios, lo que permitiría una mayor efectividad a diferencia de las sedes piloto”, manifestó el magistrado.
Frente a las exigencias ciudadanas de sentencias firmes contra el crimen organizado, Zavaleta enfatizó la efectividad operativa del modelo, que este año ya registra 24,875 ingresos, de los cuales 23,171 casos han sido resueltos, lo que representa una eficacia del 93 %. Subrayó que los procesos en las unidades de flagrancia concluyen en pocos días o semanas —frente a los más de mil días del sistema tradicional— e imponen condenas severas de hasta 35 años de prisión y cadena perpetua.
En relación con los delitos de alta severidad que azotan al país, el magistrado aclaró que las unidades están plenamente preparadas para juzgar la extorsión y el sicariato cuando concurran en situaciones de flagrancia. “En 2025 resolvimos 78 casos de sicariato y extorsión, cifra que este año ascendió a 129, con sentencias que van desde la cadena perpetua y de 35 años de prisión, que fueron atendidos en su mayoría por unidades modelo del país”, señaló.
