Mediante la publicación de un reportaje de RPP Data y El Poder en tus Manos, revelaron que 35 requisitoriados por delitos graves como homicidio, narcotráfico y violacion sexual aparecen como activos afiliados políticos en el registro del Jurado Nacional de Elecciones. Hasta el momento, solo Alianza para el Progreso y Acción Popular emitieron sus comunicados oficiales que reconocen los hechos y anuncian medidas internas.
La bancada de Acción Popular emitió un comunicado el 28 de mayo admitiendo que cinco de los requisitoriados revelados por la investigación figuran como militantes en su patrón. También informaron que abrirán un proceso para la expulsión por las instancias disciplinarias. En tanto, Alianza para el Progreso en otro comunicado identificó a seis de los nombres señalados por el reportaje procediendo a un proceso de expulsión inmediata contra los mencionados.
Bancadas involucradas
La bancada de Perú Libre lidera el registro con seis personas buscadas por la justicia, incluyendo a su fundador Vladimir Cerrón, con orden de captura vigente por organización criminal y colusión agravada. Y los partidos de Alianza para el Progreso y Acción Popular figuran con 5 requisitoriados respectivamente con acusaciones de tráfico de drogas y violación sexual.
Ahondada crisis
Según Jorge Jáuregui, abogado constitucionalista y especialista en temas electorales, esta situación revela una profunda crisis en las organizaciones partidarias y responde, en parte, a los cambios legislativos aprobados por el actual Congreso de la República.
Uno de los cambios importantes que indicó el especialista es la eliminación del modelo original de elecciones primarias. Antes de la reforma legislativa, los partidos estaban obligados a alcanzar una determinada cantidad de votos en una elección primaria abierta, lo que funcionaba como un filtro previo tanto para las organizaciones como para los propios candidatos.
Con la reforma aprobada por el Congreso, los partidos ahora pueden optar por un mecanismo de elección interna indirecto, mediante delegados, lo que ha debilitado el filtro ciudadano. “Este nuevo modelo institucional incentiva el comportamiento que podría poner en riesgo el orden democrático”, indicó Jáuregui. Según su análisis, aunque las personas sin sentencias ejerzan sus derechos políticos, “los partidos deben garantizar firmes convicciones de respeto al régimen democrático y a los derechos de las personas”.
Redacción: Marco Ugarte
