Tras su juramentación, este domingo 1 de enero, el nuevo presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, revocó más de un centenar de leyes que estableció el anterior gobierno de Jair Bolsonaro, como uno de sus primeros actos en la toma de poder.
Una de las medidas fue que la Controlaría General de la Unión revalue en un plazo de 30 días, el decreto del ex mandatario sobre mantener bajo secreto los documentos públicos del Estado durante 100 años.
Lula también cambió leyes sobre el control de armas, bonos económicos sociales, contra la deforestación, restableció el fondo amazónico e impuso incentivos para los recicladores, medidas que habían sido promesas de campaña electoral.
Sobre el control armamentístico, se ha suspendido la entrega de nuevos permisos para tenencia de armas y nuevos clubes de tiro. La ley vigente permite que los ciudadanos civiles puedan adquirir hasta 6 armas por persona, entre otras facilidades que flexibilizan el control de armamento estatal.
Además, el mandatario ha restablecido el funcionamiento del Fondo Amazonía que era dirigido por el Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) y fue suspendido en 2019. Desde antes de la asunción de Lula, Noruega se dispusó a aportar al fondo para conservar el patrimonio de la región.
Así, entre otras medidas, anunció la lucha contra la deforestación y suspendió un decreto que favorecía a la minería ilegal.
Replanteó el beneficio económico del programa Auxilio Brasil, desde el nombre hasta la cantidad de reales designados por familia. El ahora programa “Bolsa Familia” ha cambiado de 400 reales brasileños (70 dólares) por familia a 600 reales brasileños (110 dólares) por familia.
