El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad y desplegó a las Fuerzas Armadas en sus exteriores para cortar las comunicaciones ilegales y frenar la operación del crimen organizado desde las prisiones.
El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad, donde se concentra cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales, según informaron fuentes oficiales. La disposición, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, abarca los penales de Challapalca en Tacna, Cochamarca en Pasco, Miguel Castro Castro y Ancón I en Lima, y Trujillo Varones, conocido como ‘El Milagro’, en La Libertad. El objetivo principal es desarticular las operaciones del crimen organizado que, de acuerdo con las autoridades, continúan dirigiendo sus delitos desde el interior de las prisiones hacia el exterior, lo que ha generado una creciente alarma en la población. La medida busca recuperar el control absoluto de estos recintos, considerados los más críticos del sistema penitenciario nacional, ante la evidencia de que las bandas criminales han logrado infiltrar y corromper los mecanismos de vigilancia interna.
El despliegue de las Fuerzas Armadas se inició de manera inmediata, con efectivos del Ejército resguardando los exteriores del penal Trujillo Varones y Miguel Castro Castro, mientras que la Marina de Guerra asumió el control en Ancón I, según pudo constatar este diario. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, supervisó personalmente las operaciones en La Libertad, y el viceministro Darwin Eufracio hizo lo propio en los penales de Lima, verificando la correcta instalación de los puestos de control. La intervención militar se circunscribe a un perímetro de 200 metros alrededor de las cárceles, una zona donde han sido suspendidos temporalmente los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal, tal como establece el marco legal vigente. Como parte del refuerzo, el Ministerio de Defensa trasladó equipos de alta tecnología al penal El Milagro, incluyendo sistemas de ondas milimétricas y escáneres de rayos X para el control de ingresos, con el fin de evitar el ingreso de objetos prohibidos.
Las acciones contemplan una estrategia integral que va más allá del resguardo físico, incluyendo la vigilancia del espacio aéreo y la supervisión del espectro electromagnético para cortar las comunicaciones ilegales que mantienen los reclusos con el exterior. Se implementarán operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM, armas y otros objetos prohibidos que permiten a los internos mantener contacto con redes criminales externas, facilitando la comisión de delitos como extorsiones y homicidios. Estas intervenciones se realizarán en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales del Instituto Nacional Penitenciario, que conserva la administración y custodia interna de los penales, mientras que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con el apoyo logístico y táctico de las fuerzas militares. La labor de inteligencia será clave para identificar a los líderes de las bandas que operan desde las celdas y para prevenir posibles intentos de fuga o motines.
Esta decisión gubernamental se da en un contexto de creciente inseguridad, con una tasa de homicidios de 10.7 por cada 100,000 habitantes en 2025, y responde a la necesidad de recuperar el control absoluto de los establecimientos penitenciarios más críticos del país. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Gobierno impulsa estas medidas contra la inseguridad de manera independiente a la espera de la aprobación de facultades legislativas para reclasificar a ciertas organizaciones criminales como terroristas, propuesta que enfrenta oposición en el Parlamento. Durante la vigencia de la emergencia, las autoridades garantizan el respeto a los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el debido proceso, conforme a los estándares internacionales. La evaluación de los resultados al término del periodo establecido determinará si se mantienen, modifican o levantan las restricciones, en función de la efectividad demostrada en la reducción de la incidencia delictiva vinculada a estos penales.
