Las protestas en el país en contra del Congreso de la República y la presidencia disminuyeron, pero las 26 muertes provocadas por la represión policial y Fuerzas Armadas aún sigue siendo cuestionado.
La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, denunció por genocidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la presidenta dina Boluarte y al primer ministro, Alberto Otárola, debido a estas muertes provocadas en sus actuales mandatos.
Según en el documento, con fecha del 20 de diciembre, Palacios menciona de que existe “un contexto de violación de Derechos Humanos” estipulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal (CPP). También, denuncia por genocidio del exministro del Interior César Cervantes y del antiguo primer ministro, Pedro Angulo, por la gestión y represión de las movilizaciones.
Además, fueron acusados Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, y Jesús Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, región en la que se registró el peor episodio de estas protestas, con las fuerzas del orden bajo sospecha por haber disparado de manera indiscriminada a una multitud que bloqueaba el aeropuerto.