El ministerio público, citó a Roxana del Águila, exjefa de migraciones y a los hermanos Siucho como testigos en la investigación impuesta contra Andrés Hurtado conocido como “Chibolín” por el presunto delito de lavado de activos. Deberán presentarse ante la Segunda Fiscalía supranacional corporativa especializada en delitos de lavado de activos.
En total la Fiscalía de la Nación citó a siete implicados para que testifiquen este martes 17 y miércoles 18 de septiembre. Entre ellos se encuentran Ana Siucho, su hermano Ivan, y Roberto. Asimismo José Malpartida productor de Andrés Hurtado, Javier Miu Lei, y Katherine Medina.
Cabe destacar que dicha entidad ya inició con las diligencias preliminares que se basan en obtener la información comercial, financiera y tributaria del exconductor de televisión desde el 2019 hasta la fecha.
De igual modo, se pedirá a Sunarp y Cofopri las copias de los registros de inmuebles que posee el exactor cómico. Es necesario mencionar que, Andrés Hurtado, tiene dos investigaciones en su contra, la primera por lavado de activos y la segunda por corrupción y tráfico de influencias. Ante ello, el canal de televisión que emitía el programa “Sábado con Andrés” retiró al acusado de sus figuras públicas.
Sanciones
Por otro lado, el abogado penalista, Andy Carrión, en una entrevista a un medio local, mencionó que el ministerio público podría solicitar detención preliminar contra el acusado, mucho antes que termine el plazo de impedimento de salida. En esa línea indicó que el inicio de estas diligencias preliminares es el comienzo de un largo proceso donde se presentarán nuevas evidencias para el desarrollo del caso. Enfatizó que el delito de lavado de activos presenta una pena de hasta 15 años de prisión.
Recordemos que, mediante un programa dominical, se difundió que presuntamente Andrés Hurtado, sería desde el año 2019 el representante legal de administrar los bienes de Demetrio Chávez, quien fue condenado por narcotráfico; asimismo, a través el reportaje se difundió la documentación de registros públicos que evidencia que el presentador de televisión sería responsable de realizar trámites bancarios y notariales, solicitar créditos y tener la facultad de crear empresas a nombre del excondenado.
Redacción: Ariana Lucero
