El Gobierno peruano decidió presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público a causa de un supuesto menoscabo de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Este requerimiento fue presentado ante el Tribunal Constitucional.
Esto se aprobó durante una sesión de Consejo de Ministros el pasado viernes alrededor de las 3 de la tarde. En ese sentido, la Jefa de Estado y sucesora del expresidente golpista, Pedro Castillo decidió elegir a Gustavo Adrianzen a que presente la mencionada demanda competencial y posteriormente sea él mismo quién se represente durante el proceso.
Sin embargo, el primer ministro decidió que el procurador especializado en materia constitucional, Luis Alberto Huerta, sea quién ejerza la representación procesal ante el Tribunal Constitucional. Esta decisión lo dió tras una resolución publicada en el diario oficial El Peruano.
Después de que se presente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), los magistrados deben llevar a cabo una evaluación inicial para determinar si la demanda cumple con los requisitos necesarios para ser admitida a trámite. Esto implica verificar tanto los requisitos formales del documento presentado como la existencia de un presunto menoscabo de competencias que justifique la intervención del TC.
Redacción: Manuel Vera
